lunes, 20 de mayo de 2013

El presidente del Senado, García Escudero, será interrogado por el juez Ruz



Según los llamados “papeles de Bárcenas” cobró en negro cinco millones de pesetas, unos 30.000 euros actuales, para reparar su vivienda afectada por un atentado de ETA
 
Nueve personajes públicos del mundo de la política, en calidad de testigos, serán interrogados por el juez Pablo Ruz y entre ellos el actual presidente del Senado, Pío García Escudero por un supuesto cobro de 5 millones de pesetas “en negro”, una vez que ha sido confirmada por los peritos policiales la autoría de la llamada Contabilidad B que presuntamente realizó Luis Bárcenas. La cantidad percibida hace 13 años es un pago que aparece consignado en la contabilidad privada del extesorero del partido. García-Escudero fue el primero en quebrar la estrategia del PP de negar de arriba abajo la veracidad de esos papeles. El hoy presidente del Senado confesó que cobró ese dinero, 30.000 euros, para reparar su vivienda afectada tras la explosión  de un coche bomba de ETA en las proximidades del inmueble, el 8 de agosto del 2000.



García-Escudero alegó que no quería esperar a que la compañía de seguros cubriera su responsabilidad y pidió el dinero al partido. Devolvió el préstamo en cuotas de 6.000 euros. El presidente del Senado hará uso de su prerrogativa de declarar en su despacho oficial y allí se trasladará hoy el juez Pablo Ruz, el fiscal, el secretario judicial y los letrados de las partes acusadoras. Podía haberse acercado a la Audiencia Nacional para responder como testigo a las preguntas del instructor, pero prefirió contestar en la cámara alta. Su caso no es el único, pero es de los pocos miembros del PP que reconocieron haber recibido dinero opaco del partido. La gran mayoría negó la percepción de los sobresueldos en negro desde los años noventa hasta 2008, desde José María Aznar hasta Mariano Rajoy pasando por Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, entre otros. El PP admitió, no obstante, que se pagaba a sus máximos dirigentes gastos de representación al margen de sus sueldos de parlamentarios, pero que estaban recogidos en la contabilidad oficial con sus correspondientes retenciones de IRPF y Seguridad Social.

(Agencias)