También ha solicitado
un informe para comprobar si existe relación entre las donaciones al Partido y
la concesión o adjudicación de obras
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado a la
Agencia Tributaria que realice un informe en el que determine si el PP como
organización o alguno de sus militantes incurrieron en un supuesto delito
fiscal a partir de 2007, año en que ya no cabría la prescripción. El juez pide
a Hacienda que tenga en cuenta los últimos documentos entregados por el
extesorero, así como los asientos contables que hablaban de una supuesta
contabilidad B en el PP. Pretende "determinar las contingencias tributarias
que procedieren en cada caso y si las mismas tienen trascendencia jurídico
penal". Al mismo tiempo, el
magistrado ordena a la Intervención General Estado (IGAE) un informe para
comprobar si existen vínculos entre las donaciones recogidas en los papeles de
Bárcenas por parte de empresarios y constructores y adjudicaciones de las
administraciones que estaban gobernadas por el PP.
Por otra parte, Ruz también ha dado traslado a la Fiscalía
para que se pronuncie sobre la petición de Manos Limpias y la Asociación de
Abogados Demócratas de Europa (Adade) de citar como testigo al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, para aclarar si recibió sobresueldos, tal y como
sostiene Bárcenas, así como a otros dirigentes del PP como la secretaria
general, María Dolores de Cospedal, o los exministros Javier Arenas, Rodrigo
Rato, Francisco Álvarez-Cascos y Jaime Mayor Oreja.
(La Verdad y Agencias)
