Percibieron 2,5 millones de euros de un proyecto declarado ilegal,
destinando el dinero a otros fines
El promotor Manuel Núñez Arias
anunció que habría pelea y por el momento ya ha logrado su propósito de poner a
la alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez Ruiz, y a los exalcaldes José
Martínez Andreo y Juan Morales Cánovas, en el trance de tener que declarar como
imputados por presuntos delitos de prevaricación y apropiación indebida. Junto
a estos tres munícipes totaneros, todos ellos del PP, tendrán que comparecer,
igualmente en calidad de imputados, la secretaria municipal Laura Bastida
Chacón y el interventor municipal José Antonio Andreo Moreno. Las razones que
han llevado a Núñez Arias a presentar una querella contra estas cinco personas
hay que buscarlas en el convenio urbanístico que este promotor gallego,
representante de la empresa Inmonuar, suscribió con el Ayuntamiento de Totana
en 2006 para edificar 4.000 viviendas en la diputación El Raiguero-El Hinojar. A la firma del documento, el empresario se
comprometió a abonar 4,9 millones de euros al municipio a cambio de esa
autorización para construir el resort. Un 25% de esa cuantía (1.242.923 euros)
lo entregó en el acto de la firma del convenio y otro 25% fue a engrosar las
arcas municipales cuando salió adelante la aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU).
Sin embargo, sus planes
urbanísticos, así como las carreras políticas del entonces alcalde José
Martínez Andreo y del exalcalde y diputado popular Juan Morales, se truncaron
cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron
el Consistorio de Totana en noviembre de 2007 para desmantelar una trama de
corrupción. Una de las ramas de la denominada 'Operación Tótem' concluyó en los
primeros meses de 2012, cuando la Audiencia Provincial de Murcia condenó a Juan
Morales a tres años y medio de cárcel y a una multa de ocho millones de euros
por cohecho y otros delitos. En la misma sentencia fueron condenados a pequeñas
penas otros diez implicados, entre ellos el propio Núñez Arias.
Una de las consecuencias más
graves que para el Consistorio totanero tuvo esa resolución es que el convenio
urbanístico de El Raiguero-El Hinojar fue declarado ilegal y, consecuentemente,
fue anulado. De tal manera que el promotor se encontró ante la posibilidad de
intentar recuperar los casi 2,5 millones de euros que había adelantado. Y lo
cierto es que no perdió un minuto en instar a la ya nueva alcaldesa, Isabel
María Sánchez, a que le reembolsara esa cantidad. La sorpresa llegó cuando el
Consistorio admitió que no disponía de ese dinero en sus arcas, pues había sido
gastado en distintas partidas municipales, entre las que en apariencia se
encontraba el pago de nóminas de los funcionarios. No solo eso, sino que la
primera edil vino a reconocer que iba a ser muy difícil reintegrar tal cantidad
al promotor, toda vez que el Consistorio apenas disponía de fondos para asumir
los gastos diarios de funcionamiento.
En tal tesitura, Núñez Arias
interpuso una querella contra la alcaldesa, los dos exalcaldes y la secretaria
y el interventor municipales por apropiación indebida y prevaricación, entre
otros posibles delitos. Aunque en un primer momento el juez manifestó su
voluntad de archivarla, al no apreciar indicios de delito y considerar que se
trataba de un asunto que debía ser resuelto por la vía
contencioso-administrativa, el promotor presentó recurso y ahora sus argumentos
han sido aceptados como válidos. De ahí que el titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Totana, Valeriano Sánchez Horcas-Ballesteros, haya
decidido imputar a los cinco querellados y los haya citado para tomarles
declaración en octubre. Si nada cambia, será la primera vez que Juan Morales
salga a la calle desde que fue encarcelado en junio de 2012.
(Fuente: diario La Verdad.es)
