Serafín de Alba, imputado en el caso y dueño del terreno en Alquerías,
pretendía un reconocimiento judicial del mismo
El Juzgado de Molina de Segura
(Murcia) que investiga el asesinato de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid
Visser y su pareja, Severein Lodewijk, ha desestimado la petición del dueño del
huerto donde fueron enterrados sus cadáveres, que pretendía que se hiciera un
reconocimiento judicial del terreno. La solicitud fue planteada por Serafín de
Alba, propietario de la finca de la pedanía murciana de Alquerías donde
aparecieron los restos mortales de ambos holandeses a finales del pasado mayo,
dos semanas después de cometido el doble crimen en una casa rural de Molina de
Segura. El imputado deseaba con esta prueba que se determinaran las
características de accesibilidad al huerto y demostrar que la fosa fue excavada
a una distancia que impedía que pudiera ser vista por aquel aunque en aquellos
momentos estuviera en su casa.
Según ha sabido Efe de fuentes
cercanas al caso, la resolución judicial que deniega la práctica de este
reconocimiento indica que en la causa consta ya el resultado de la inspección
ocular de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que se considera
innecesario repetir una diligencia sobre esos mismos extremos. Por otra parte,
aconseja a De Alba que, en su momento, haga uso de lo que dispone al respecto
la ley del Jurado, que prevé esa posibilidad, y le indica que puede aportar un
informe pericial en el que se recojan los detalles que crea conveniente
demostrar. El juzgado tampoco ha accedido a su solicitud de que se designe a un
ingeniero de telecomunicaciones para que realice un informe sobre el
posicionamiento del teléfono móvil de De Alba el pasado 13 de mayo, día en el
que Visser y Lodewijk fueron asesinados.
La resolución dice que esta
prueba no corresponde a la administración judicial por no ser De Alba imputado
beneficiario de la justicia gratuita, además de que en las diligencias figuran
ya informes policiales sobre ese posicionamiento y los flujos de llamadas de
los distintos terminales intervenidos. Si De Alba desea someterlos a
contradicción -añade-, deberá citar al juicio a los agentes que los
confeccionaron y, si lo cree aconsejable, aportar un informe de parte para
tratar de desvirtuarlos. A lo que sí accede el juzgado es a recabar de la
empresa que instaló los servicios de internet en su domicilio en Alquerías el
registro de llamadas e incidencias.
(Fuente: Agencia EFE/La
Opinión)
