Están acusados de estafar a un centenar largo de personas que llegaron a entregar hasta 27.000 euros como cooperativistas
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| (Imagen: EFE) |
Los fundadores de la cooperativa de viviendas Proyecto Joven, acusados de estafa, aseguraron este lunes que no participaron de la gestión de la sociedad y que hacían labores testimoniales o de oficina. Por su parte, el presidente achacó a la crisis y al retraso en los planes urbanísticos la imposibilidad de construir las viviendas previstas. El juicio comenzó ayer lunes por la mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, con las declaraciones de los cinco acusados: el presidente de la cooperativa, Joaquín Emilio H.S.; el interventor, Gregorio M.O., y la secretaria, Lourdes G.A., así como Carmen S.M., ex mujer del primero, y Silvia F.R., contratada posteriormente.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, los acusados constituyeron en 2005 una cooperativa, Proyecto Joven, para edificar viviendas en la diputación cartagenera de Molinos Marfagones, para lo que 102 cooperativistas aportaron cantidades que suman más de 3 millones de euros.
Las viviendas no fueron edificadas y el fiscal señala que los acusados destinaron presuntamente el dinero recibido a atenciones personales.
Todos los imputados están acusados de un delito de estafa agravada, excepto Carmen S.M. a quien se acusa del delito de alzamiento de bienes, que también se le atribuye a Joaquín Emilio H.S. Éste reconoció que en junio de 2005 se decidió a crear la cooperativa con la intención de "hacer casas baratas", para lo que necesitaba dos socios más.
Uno de ellos fue Gregorio M.O., que era constructor y figuraba como interventor de la cooperativa, aunque afirmó que su papel fue meramente "testimonial", sin intervención en la gestión ni las cuentas bancarias de la sociedad, y que abandonó la cooperativa a finales de 2006.
La segunda socia, que figuraba como secretaria, fue Lourdes G.A., a quien conoció cuando ella trabajaba como limpiadora en la base de submarinos de la Armada, y que no ostentaba responsabilidad alguna, sino que se limitaba a hacer labores de atención al público y dejó la cooperativa en junio de 2006, según declaró.
En cuanto a Silvia F.R., el presidente le ofreció sustituir a Lourdes y trabajó también en la atención al público hasta 2008.
Por su parte, sobre Carmen S.M. señaló que estaban separados desde 2004, antes de la creación de la cooperativa, habiéndole cedido a ella la que fuera la vivienda familiar, en la que, sin embargo, continuó empadronado y recibiendo correspondencia.
Joaquín Emilio H.S. aseguró que con el dinero de los cooperativistas compró un terreno en Molinos Marfagones para la construcción de las viviendas, por valor de 3,2 millones de euros, de los que llegó a abonar en varios plazos un total de 1,4 millones.
La recalificación para el terreno, dijo, estaba prevista en un "futuro a corto plazo" en los planes urbanísticos de la zona, por lo que confió en que el proyecto era viable, aunque la ampliación del plan urbano se retrasó impidiendo la edificación.
No obstante, indicó que varios de los cooperativistas llegaron a ver el terreno, y hasta 64 personas se dieron de baja cuando así lo solicitaron, recuperando su inversión inicial.
A nombre de la cooperativa, el acusado compró también un segundo terreno en el Barrio Peral, que más tarde vendió sin obtener beneficios al carecer de compradores para los pisos que estaba previsto edificar allí.
También adquirió un piso en la calle Turquesa "como inversión", y un coche de la marca Audi, todo ello a nombre de la cooperativa, y que actualmente se encuentran a disposición judicial.
Es a esas compras, alegó, a donde habrían ido a parar las inversiones de los cooperativistas.
El resto de los acusados corroboraron su versión, y todos aseguraron que no obtuvieron beneficio alguno de la cooperativa más allá de sus salarios, que existían expectativas para la recalificación del terreno, que no tuvieron acceso a las cuentas bancarias y que nunca recibieron quejas de los cooperativistas.
Ninguno de los acusados, para los que se solicitan penas de diez años de prisión y multa de 36 meses en el caso de la estafa, y de tres años de cárcel y 18 meses de multa para el alzamiento de bienes, además de la devolución a los 102 afectados de cantidades que van desde los 10.000 hasta los 27.300 euros, respondió a las preguntas de la fiscalía y la acusación.
El juicio se prolongará hasta el próximo 2 de abril, con doce días de vista en los que está previsto que comparezcan unos 160 testigos, unos 20 cada
día.
(Fuente: Agencia EFE)
