Un largo listado de testigos con bastantes nombres propios de funcionarios municipales y políticos. Esto es lo que plantea el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano en su escrito de acusación en la pieza separada Nueva Condomina, que se desgajó del caso Umbra, y que el juzgado de Instrucción Número 8 ha enviado ya a lo Penal para sentar en el banquillo al que fuera alcalde de Murcia durante los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara.
Tanto el mandatario municipal como los dos imputados: Pedro Morillas, exdirector de la extinta Gerencia de Urbanismo, y Joaquín Peñalver, arquitecto municipal y ex jefe de Planeamiento de la concejalía de Urbanismo, están acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística. Cámara se enfrenta a diez años de inhabilitación para cargo o empleo público, lo mismo que el Ministerio Público pide para Morillas, frente a los ocho que solicita para Peñalver.
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