EL PRIMER EDIL SE AMPARA EN LOS TÉCNICOS MUNICIPALES PARA
AUTO-EXCULPASE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
Fueron cinco horas y media de interrogatorio a lo largo
de las cuales el alcalde, Miguel Ángel Cámara, de forma simbólica y, a
veces, no tanto, se limitó a encogerse
de hombros ante la mayor parte de las preguntas. El primer edil de la ciudad de
Murcia durante los últimos 17 años, aseguró ayer desconocer la inmensa mayoría
de las cuestiones referidas al urbanismo local por las que le preguntó el fiscal
anticorrupción, Juan Pablo Lozano. Se aferró al argumento de que todo lo
relativo a los seis convenios urbanísticos que se firmaron en la zona norte del
municipio -entre ellos el de Nueva Condomina y el que permitió rehabilitar el
Casino- le llegaban previamente «informados» por parte de los servicios
técnicos del Consistorio, así como avalados legalmente por el secretario
municipal, José Luis Valenzuela, ya fallecido. Cámara no se salió ni una sola
vez de una especie de táctica previamente establecida; dijo no saber ni querer
saber nada de cuestiones técnicas y legales, por lo tanto una vez que tenía a su disposición los
informes según los cuales tales convenios eran viables desde estos puntos de
vista, él y su equipo de Gobierno se limitaban a adoptar la decisión política
de darles luz verde o no y finalmente ratificarlos con su firma. Fuentes bien
informadas que han conocido la forma en que se desarrolló la toma de
declaración a Cámara por su supuesta implicación en el “caso Umbra”,
coincidieron en señalar que todos los esfuerzos del fiscal anticorrupción por
sacarlo de esa posición resultaron baldíos.
De esta forma, según estas fuentes, si el fiscal le
preguntaba sobre su conocimiento de la legislación que se estaba aplicando a un
determinado convenio ésta era la adecuada, el alcalde replicaba que no tenía
por qué dudar de ello, ya que era la normativa utilizada por los técnicos. Si
le cuestionaba por la utilización de una ley que en ese momento ni siquiera
estaba aprobada, respondía más o menos lo mismo y añadía que el secretario
municipal no había hecho advertencia alguna al respecto. Y si la fiscalía se
interesaba acerca de las razones por las cuales no supervisaba el trabajo de
los técnicos, habría respondido que no tenía por qué dudar de ellos y que
además no tenía conocimientos suficientes como para fiscalizar su trabajo. Ante
tales argucias, por muy legales que sean, el ciudadano medio se pregunta ¿Para
qué queremos entonces un Alcalde al frente del Municipio, si son los “técnicos”
quienes realmente gobiernan y hacen lo que les viene en gana? ¿Quién controla a
los “controladores”? Evidentemente este caso dará todavía mucho que hablar y se
verterán ríos de tinta. Y mucho nos tememos, como venidos diciendo
habitualmente, que al final LA JUSTICIA SERÁ PARA LOS RICOS Y PODEROSOS Y PARA
LOS POBRES TODO EL PESO DE LA LEY.
