Según el texto,
aprobado por el PP, el arrendador podrá agilizar el proceso por impago de
un mes de alquiler
El Senado ha aprobado hoy, mediante un pleno, el llamado proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del
alquiler que, entre otras medidas, agilizará el desahucio y creará un
registro de sentencias firmes por impago de renta. El texto legal, al que se
habían presentado cinco propuestas de veto, ha sido aprobado con los votos del
PP, y aún debe volver al Congreso de los Diputados para su aprobación
definitiva. Será a partir de su entrada en vigor, cuando el arrendador podrá
solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago, y una vez
que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda
o presentar alegaciones en un plazo de diez días. Al mismo tiempo, con el fin
de dar información a los propietarios sobre posibles riesgos al arrendar una
vivienda, se creará un registro de sentencias firmes de impagos de renta donde
el nombre del deudor permanecerá un máximo de seis años.
Durante su tramitación en la cámara alta, el PP ha
introducido enmiendas para eliminar la Renta Básica de Emancipación -que cobran
unos 120.000 jóvenes- a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan Estatal de
Fomento del Alquiler 2013-2016. En el debate, el senador socialista José María
Becana ha criticado que los jóvenes que disfrutan de esas ayudas -147 euros al
mes en la actualidad- la perderán y serán expulsados del mercado del alquiler,
ya que el nuevo plan incluye el requisito de que el beneficiario -no
específicamente jóvenes- no ingrese más de 532,5 euros al mes.
Aunque en un principio se planteó también la supresión con
efectos retroactivos de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos
-ayudas a los promotores de alquiler social-, el PP rectificó y finalmente
mantendrá las que se venían percibiendo y las que, antes del 15 de julio de 2012,
contaran con la conformidad del ministerio de Fomento. La portavoz adjunta de
CiU en el Senado, Montserrat Candini, denunció que, pese a esa rectificación,
se mantiene la supresión de otras subvenciones al alquiler social que tendrá un
"enorme impacto" en las entidades públicas de vivienda vinculadas a
la Administración Local y que en el caso de Cataluña suponen 104 millones de
euros.
El texto aprobado hoy reduce de 5 a 3 años de la duración máxima del
contrato de arrendamiento y de 3 a
1 las prórrogas, y facilita al propietario la recuperación del inmueble en caso
de necesidad. También plantea excluir de la ley de arrendamientos urbanos el
alojamiento privado para el turismo que, según el Gobierno, va en contra de la
calidad de los destinos turísticos, de forma que pasen a estar regulados por la
normativa sectorial autonómica. El objetivo es evitar las situaciones de
intrusismo y la competencia desleal, tal y como ha denunciado la patronal
hotelera. El senador popular Tomás Pedro Burgos defendió que este proyecto
aspira a sacar al mercado del alquiler las más de tres millones de viviendas
vacías que hay en España y ofrecer una mayor flexibilidad y libertad de pactos
a las partes. Las propuestas de veto, presentadas por senadores del PSOE,
Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, ERC y PSC coincidieron en criticar
que se va a conseguir el objetivo contrario del que persigue, es decir,
desincentivar el alquiler, al que hoy se acoge solo el 17 % de la población.
(Agencias)
