Desde el año pasado, el Cuerpo Nacional de Policía incluye entre las alertas y recomendaciones para prevenir robos en viviendas durante las vacaciones de verano el peligro que representan los nuevos contadores de la luz. Y es que estos nuevos equipos de medida son fácilmente accesibles si se trata de edificios de pisos y, en el caso de las viviendas unifamiliares, se encuentran directamente en la vía pública, por lo que exponen a los usuarios y a sus hogares. Los contadores cuentan con un dispositivo de luz led que emite un parpadeo que varía a una velocidad proporcional al consumo de energía en el domicilio, de tal manera que, si el parpadeo es intenso, la vivienda está consumiendo mucha energía en ese mismo momento (la casa está ocupada) y si el parpadeo es muy pausado, indica que el consumo energético es muy bajo, esto es, la casa puede encontrarse vacía. FACUA lleva tres años denunciado el peligro que supone para la seguridad privada la exposición pública de los datos de los usuarios a través de dichos contadores. La Comisión Nacional de Energía elaboró en julio de 2012 un informe tras recibir la denuncia de la organización, y remitió un oficio a Industria solicitando la modificación de la normativa. Por su parte, Protección de Datos realizó una investigación al respecto y concluyó que "no se establece en la norma la posibilidad de que se visualice de una forma tan evidente para un tercero ajeno al contrato". La Agencia señaló que el funcionamiento de la luz led sólo es útil "para las verificaciones", pero éstas sólo se efectúan por un técnico cuando hay que comprobar que los equipos funcionan correctamente.
En su informe, la AEPD llegó a consultar a Endesa, la principal empresa eléctrica responsable de dichos contadores, empresa que, según el documento de Protección de Datos, "sugirió a la Comisión Nacional de Energía que una posible solución sería la programación de una nueva versión del contador que permita desactivar el led tras el proceso de instalación y verificación del funcionamiento del contador". En su Recomendación de 9 de marzo de 2012, relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas de contador inteligente, la Comisión Europea indicó que debía "prestarse atención especial a la seguridad y la protección de los datos personales tratados" por ellos. Así, señaló que debían incorporárseles "elementos de seguridad de la información y protección de los datos antes de su despliegue y utilización generalizada". "Los Estados miembros deberían velar por que los operadores de redes y los operadores de los sistemas de contador inteligente (...) adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la protección de los datos personales", señala la citada Recomendación de Bruselas.
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La falta de controles reduciría a papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas, señala FACUA Andalucía
Este martes, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar para su tramitación parlamentaria el texto de la futura norma para la protección de los derechos de los usuarios en la contratación hipotecaria
FACUA Andalucía advierte de que la ausencia de mecanismos de control puede convertir en papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas que tiene previsto aprobar este martes el primer Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria. Aunque considera que necesita mejoras de importancia, la federación de consumidores ha hecho una valoración globalmente positiva del texto normativo, elaborado durante la pasada legislatura desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que tenía al frente al anterior vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU). Para FACUA Andalucía, la falta de medios y protocolos de control del mercado eficaces para la protección de los consumidores es un handicap en la Junta y el resto de gobiernos autonómicos que permite a la banca y otros sectores cometer fraudes masivos con total impunidad. La protección de los consumidores debe ser política prioritaria La federación reivindica a la presidenta Susana Díaz que dé un giro de 180 grados en las desde hace cinco meses agonizantes políticas de protección de los consumidores y las asuma como prioritarias. Así, la Junta debe garantizar un control eficaz del mercado y la aplicación de multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos, algo inédito hasta la fecha, y un cambio legal para que los usuarios que sufren abusos puedan reclamar indemnizaciones. FACUA Andalucía pide a Díaz que mantenga la Secretaría General de Consumo creada por el anterior gobierno y ponga en marcha una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores.
Se trataría de un organismo autónomo adscrito a la consejería de la que dependan estas políticas en el que se concentrarían esas competencias en una sola estructura administrativa, para actuar de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo. Reivindicaciones en la norma sobre hipotecas En cuanto al texto de la futura ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda, FACUA Andalucía emitió a finales de 2014 sus valoraciones sobre la redacción que se trasladó al Consejo de los Consumidores y Usuarios y el Consejo Económico y Social. La federación considera positivo que se imponga a la banca la entrega de información a los consumidores antes de la firma de los contratos hipotecarios, pero reclama que la norma recoja cómo deben ser la documentación que debe facilitárseles, la cuál debería aparecer como anexos en la futura ley. Asimismo, FACUA Andalucía reclama que se amplíe el plazo de tres días hábiles previsto para que los usuarios puedan examinar el documento contractual o la escritura pública, máxime teniendo en cuenta que en muchos casos necesitan asesoramiento de terceros. En cuanto al marco sancionador, la federación demanda un aumento sustancial tanto de las cuantías de las multas establecidas en el texto como de las fijadas en la ley andaluza de defensa de los consumidores de 2003, en la que se redujeron las sanciones fijadas en los años 80. También reclama que se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad previsto en la legislación desde hace tres décadas y que nunca se ha aplicado, de manera que el importe de las multas represente varias veces las cantidades defraudadas.
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FACUA exige indemnizaciones a Ryanair al no facturar equipajes por la huelga de su personal en Madrid
La compañía no puede alegar que se trata de un supuesto de causa mayor para evitar hacer frente a las compensaciones en este caso, dado que una huelga de personal propio no es un suceso ajeno e imprevisible a su actividad
FACUA-Consumidores en Acción exige a Ryanair que compense a los usuarios afectados por la huelga de personal de handling de la compañía en el aeropuerto de Madrid como si se tratase de cancelaciones de los vuelos programados. La compañía está avisando a los usuarios cuyo origen o destino es Madrid de que, mientras dure la huelga del personal que maneja el equipaje en tierra, no permite facturar maletas. Como alternativa, la empresa ofrece la posibilidad de llevar dos bultos como equipaje de mano, pero para aquellos usuarios para los que el traslado del equipaje facturado es imprescindible, no ofrece ninguna opción más allá de la posibilidad de cancelar el vuelo y recuperar el importe que gastó en el mismo. La asociación considera que esto no es suficiente y que Ryanair debe indemnizar a los usuarios por los perjuicios que esta cancelación conlleva, como puede ser el incremento de importe que conlleva buscar un traslado alternativo para el mismo trayecto en un corto espacio de tiempo.
FACUA recuerda que la compañía no puede alegar que se trata de un supuesto de causa mayor para evitar hacer frente a las compensaciones, dado que una huelga de personal propio no es un suceso ajeno e imprevisible a su actividad. Así está reconocido en la jurisprudencia española, advierte la asociación. Además, la huelga de los trabajadores de handling de Ryanair es indefinida, y se mantiene desde hace veinte días (comenzó el pasado 30 de mayo), por lo que la empresa ha tenido tiempo de articular una respuesta para poder compensar a los usuarios afectados. Por todo esto, FACUA considera que los usuarios deben exigir su derecho a las compensaciones establecidas en el Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y, en su caso, a la indemnización de los daños y perjuicios causados por la cancelación (que la compañía permite hacer) de su vuelo. Si la compañía no cumple con el servicio de facturación y traslado del equipaje y este resulta imprescindible para el usuario, FACUA recuerda que la situación es equiparable a una cancelación.
(Remitidos por FACUA)
