SIN EMBARGO EN EL CASO DE LOS NO RESIDENTES EL TOPE SE
AMPLIA HASTA LOS 15.000 EUROS
Aunque Estamos en plena crisis y no son muchos quienes
pueden pagar en efectivo grandes
cantidades, los desembolsos en dinero efectivo tocan a su fin y quedan
fuera de la ley. El 19 de noviembre, ha entrado en vigor la normativa que pone límites
máximos para los pagos en efectivo en todas las transacciones en las que
intervenga al menos un empresario o un profesional, que queda establecida en
2.500 euros.
La disposición está incluida en la nueva ley de medidas
contra el fraude fiscal que entró en vigor a finales de octubre. El gobierno
demoró 20 días la puesta en marcha de los límites al uso de efectivo para dar
tiempo a los comerciantes a adecuar sus negocios.
El objetivo de esta medida es poner coto al uso de grandes
cantidades de efectivo, un medio del que se han servido algunos defraudadores
para esquivar el pago de tributos como el IVA. En adelante, cuando el precio de
los bienes y servicios supere los 2.500 euros, deberán abonarse mediante medios
de pago que dejen rastro como tarjetas de crédito o transferencias bancarias.
La limitación afecta a las operaciones entre un particular y un empresario o
entre dos empresarios. Sin embargo, no se aplicará en el caso de los pagos e
ingresos realizados con entidades de crédito ni tampoco en las compraventas
entre particulares.
El límite máximo que fija la ley para el uso de efectivo se
eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente. En este
caso, esa diferencia tiene como fin no dañar algunas actividades ligadas al
turismo.
Los intervinientes en las operaciones estarán obligados a
conservar los recibos o facturas durante cinco años para acreditar que el pago
se efectuó mediante algún medio electrónico y la Agencia Tributaria podrá
requerir su presentación.
(Redacción y Agencias)
