ESTA MEDIDA ES FUERTEMENTE CONTESTADA INCLUSO POR EL PROPIO
ÁMBITO JUDICIAL
¿Justicia gratuita? Esto es un sueño imposible ¿Justicia
igual para todos? Absurdo. Habrá una justicia para ricos y otra para pobres.
Aquí va a ser, como en EEUU, donde en muchos gabinetes jurídicos reza el
siguiente lema: “En América hay Justicia
¿cuánta está dispuesta a pagar?”
. El Gobierno anunció recientemente que aplaza varias semanas la entrada en
vigor de la nueva ley de Tasas Judiciales, recientemente publicada en el BOE, y
que tenía que comenzar a aplicarse a partir de hoy pero la imprevisión les ha disuadido
durante un tiempo al comprobar que no tenían el impreso para cobrar el nuevo
canon, por lo tanto el Ministerio de Hacienda no ha aprobado aún la orden para
elaborar el formulario de pagos, siendo avisados por el presidente del Consejo
General de la Abogacía que avisó horas antes al Ministerio de Justicia de que esta
imprevisión iba a hacer inaplicable la ley. Sin embargo una vez se distribuya
este formulario, los ciudadanos que acudan a los tribunales para solventar
conflictos entre particulares, con la Administración o con las empresas tendrán
que pagar como mínimo de 100 a
300 euros si quieren que los juzgados atiendan su pleito.
Cuando entre en vigor la nueva ley de tasas, el inicio de
cualquier procedimiento judicial en España y la interposición de recursos ante
los tribunales superiores tendrán un peaje económico salvo en el orden penal. A
los habituales gastos de abogado y procurador habrá que añadir un canon público
para poder solventar divorcios, herencias, conflictos vecinales, de alquiler o
financieros, demandas médicas o de accidentes, recursos de multas o
subvenciones, despidos, o cualquier otro asunto no delictivo.
La ley del Gobierno, rechazada por el conjunto de la
oposición y por la totalidad de los colectivos de la Justicia, pone por primera
vez precio al acceso a los tribunales españoles por los particulares -hasta
ahora solo existían cánones y mucho más bajos para empresas- y solo exime del
pago de las tasas a los ciudadanos beneficiados por la asistencia jurídica
gratuita -colectivos con muy escasos recursos-, a las partes en algunos
procesos muy concretos, a la Fiscalía, a todas las administraciones y
organismos públicos -estatal, regional y local-, y a los parlamentos nacionales
y autonómicos. El depósito solo se recupera si se gana la demanda y el
demandado es condenado en costas.
La nueva norma no solo extiende las tasas a los particulares
y multiplica las que ya pagaban las empresas sino que además obliga a pagar a
los trabajadores que recurran las resoluciones laborales que resuelvan los
conflictos con su empresa. La razón es que la reforma mantiene y eleva las
tasas en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, pero además las
amplía a la social. Eso sí, solo para los recursos sucesivos ante la justicia
laboral. La primera instancia sigue gratuita.
Las tasas a abonar se componen de un canon fijo más un
porcentaje vinculado a la cuantía en litigio. El fijo para interponer una
demanda irá de 100 a
300 euros, según el tipo de proceso y de jurisdicción, y el precio para
recurrir oscilará entre 500 y 1.200 euros, en función de si se hace ante la
segunda instancia o ante el Tribunal Supremo. Pero al canon hay que sumar la
parte variable de la tasa, que según los casos puede ser mucho más cuantiosa.
Se trata del 0,5% de la cantidad que se demanda (hasta un millón) y un 0,25%
adicional en caso de superar ese montante. En cualquier caso, el tope a pagar será
de 10.000 euros más el canon fijo. Los costes son idénticos para todos, para un
particular medio o un millonario. La única excepción es el ámbito laboral,
donde asalariados y autónomos se ahorrarán un 60% de las tasas.
Una medida criticada
El Consejo General de la Abogacía denunció que la reforma
provocará situaciones como que haya que pagar 200 euros para recurrir multas de
100; que un tetrapléjico a causa de un accidente que demande a su seguro 1,3
millones debe depositar 6.050 euros solo para que el juzgado estudie su caso;
que una negligencia médica por 600.000 euros deba abonar 11.200 euros para
recurrir ante el Supremo; o que el debate para el reparto de una herencia de
400.000 euros tenga una tasa de 2.300 euros si quiere que un juez lo solucione.
El ministro de Justicia y el PP se han quedado solos en la
defensa de la ley de Tasas Judiciales. Rechazan que vulnere derecho
constitucional alguno y dicen que tiene como objetivo reducir la litigiosidad y
recaudar fondos para mejorar los tribunales y garantizar la asistencia jurídica
gratuita. En su defensa, recuerdan que este sistema, pero con cuantías muy
superiores, se aplica en numerosos países europeos.
Todos los operadores judiciales -jueces, fiscales,
secretarios, abogados y procuradores- están radicalmente en contra de su puesta
en marcha, porque creen que inaugura una Justicia para ricos y otra para
pobres.
(Fuente: La Verdad y Redacción)
