Como se recordará fue incluido en la lista de excarcelados por el Rey
de Marruecos
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| (Imagen: Policía Nacional-Mº del Interior) |
El entuerto jurídico en el que
se había convertido la situación procesal del pederasta Daniel Galván Viña, al
que la Audiencia Nacional mandó ayer a prisión por riesgo de fuga, tendrá
solución. Autoridades judiciales de España y Marruecos acercaron posturas para
que el recluso cumpla en una cárcel española los 27 años y tres meses de pena
que le restan por los abusos sexuales cometidos en territorio marroquí. La
solución que satisface a ambas partes pasa por la aprobación del expediente de
traslado a España que había solicitado el propio Galván Viña antes de su
indulto, concedido por el rey Mohamed VI el pasado 30 de julio y que fue
revocado el pasado domingo al tratarse de un «error administrativo» y por las
fuertes protestas sociales que generó su excarcelación en Marruecos.
La tramitación del expediente
de entrega tiene cuatro partes. La primera ya se ha cumplido, ya que el
pederasta de 64 años pidió su traslado a España nada más entrar en la cárcel de
Tánger en septiembre de 2011, para cumplir los 30 años de condena que le impuso
un tribunal de Kenitra por abusar de once menores. Ahora faltaría que la
autoridad judicial marroquí acepte que el pederasta cumpla su condena en
territorio nacional y que el Ministerio de Justicia español lo apoye.
Posteriormente, será el Consejo de Ministros el que deba aprobar la entrega
para que la Audiencia Nacional tutele su expediente procesal. Pues bien, para
agilizar estos trámites ayer se reunieron en Madrid representantes de los
ministerios de Justicia de ambos países. A la conclusión de la cita, el
director general de cooperación jurídica internacional, Ángel Llorente,
reconoció que «no solo no se descarta (que Galván cumpla su pena en España),
sino que es una posibilidad que parece bastante razonable».
Llorente señaló que la premisa
de ambas delegaciones es que «de ninguna manera hechos tan graves queden
impunes». Por ello, lo más razonable es que la Justicia marroquí acepte la
petición de traslado que hizo el pederasta. La intención es que en un plazo
máximo de 40 días la Audiencia Nacional tenga todos los «elementos posibles»
para que pueda resolver su extradición, aseguró Llorente. Uno de las cuestiones
más espinosas del caso fue la razón que llevó al Gobierno a incluir a Galván en
la lista de 30 presos españoles para que fueran trasladados a cárceles
nacionales. Una petición que, tras la concesión del indulto real por un «error
administrativo», acabó derivando en todo este embrollo. Ángel Llorente, que fue
juez de enlace con Marruecos antes de llegar al ministerio, señaló que el
recluso, dada su condición de nacional español pese a ser originario de Irak,
tiene derecho a cumplir su pena en España y fueron «razones humanitarias» -para
estar cerca de su familia y en condiciones carcelarias más salubres- las que
llevaron a incluirlo en la lista facilitada por la Embajada de España en Rabat.
De la misma forma, dijo no tener conocimiento de que el jubilado trabajara para
los servicios de inteligencia españoles (CNI). Sin embargo, la posibilidad del
arraigo familiar fue desechada horas antes por el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu, que lo envió a prisión provisional sin fianza por riesgo de
fuga y por la gravedad de los delitos a los que fue condenado. Eso sí, en el
auto dejó claro que si en 40 días no se formalizaba la demanda de extradición
por parte de Marruecos lo dejará libre.
(Fuente: Diario La Verdad.es)
