La asociación advierte que aún ganando el juicio las tasas no se
devuelven, lo que crea un efecto disuasorio para el acceso a la Justicia de los
ciudadanos que no puedan pagarlas.
FACUA-Consumidores en Acción
denuncia que la aplicación de las tasas judiciales situaría a los usuarios en
una situación de indefensión judicial debido a que muchos no podrían acceder a
la Justicia al no poder hacer frente a los gastos.
Asimismo, la asociación
recuerda que al iniciar el proceso judicial, el usuario desconoce el resultado
favorable o desfavorable del litigio, con lo que la medida provocará un efecto
disuasorio del consumidor ante el acceso a este servicio público.
FACUA advierte que los gastos
de las tasas judiciales no se devolverían al usuario aún ganando el juicio,
pues no se asegura la condena en costas y que el que pierda no se declare
insolvente. Además, en cualquier caso, el Gobierno nunca devolvería dichas
tasas, sería el condenado el que lo hiciera.
La asociación recuerda el
artículo 241.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la tasa judicial entra
dentro de las costas procesales o gastos del proceso, por lo que esa cantidad
no se recupera.
Por su parte, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mantiene en su discurso que si se gana el
juicio las tasas judiciales se devuelven; bien "el 60% de la cuantía
cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen
procedimientos, o un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de
escritos en los juzgados".
Ahora un auto judicial anunciado
por tres magistrados de la Audiencia Provincial de León el pasado 5 de
septiembre desmiente las declaraciones del ministro. FACUA señala que esta
nueva aportación de los jueces corrobora la ya denunciada discriminación del
usuario y la inconstitucionalidad de la aplicación de este pago.
La asociación señala que el
pago de las tasas judiciales supone un gravamen excesivo e innecesario para el
ciudadano en la situación actual de crisis y por tanto, atenta contra el pilar
sobre el que cimienta la posible exigibilidad del resto de derechos que tiene
como consumidor y usuario.
Por ello, FACUA solicita la
revocación de este pago y la protección de todos los consumidores y usuarios en
sus derechos de acceso a la tutela judicial efectiva.
FACUA alerta del
ataque de Sanidad a enfermos graves con el copago del 10% de fármacos
hospitalarios
La asociación señala que los argumentos del despilfarro y la racionalización del gasto que el Ministerio de Sanidad daba no justifican una medida injusta que atenta contra la salud de muchos enfermos.
La asociación señala que los argumentos del despilfarro y la racionalización del gasto que el Ministerio de Sanidad daba no justifican una medida injusta que atenta contra la salud de muchos enfermos.
FACUA-Consumidores en Acción
denuncia un nuevo ataque del Gobierno contra los enfermos no ingresados que
padecen enfermedades crónicas o graves que tendrán que abonar un diez por
ciento por los medicamentos de dispensación en las farmacias hospitalarias,
cuando antes estos fármacos estaban exentos de pago.
Este nuevo copago farmacéutico
que impone ahora el Gobierno es otro ejemplo de la crueldad del Ministerio de
Sanidad con los más débiles, según FACUA, pues enfermos de hepatitis C,
distintos tipos de cáncer, esclerosis múltiple o artritis, entre otros, se
verán afectados por esta medida.
El pago de estos fármacos se
engloba dentro de los medicamentos con aportación reducida, con un diez por
ciento del valor total del mismo, y con un total máximo a abonar de 4,20 euros
por envase; siendo el abono proporcional en el caso de dosis sueltas. Más de
cuarenta medicamentos se verán afectados por este copago.
FACUA considera injusta esta
medida que se impondrá a partir del día 1 de octubre y de obligado cumplimiento
para todas las comunidades autónomas, aunque aún debe aclararse cómo se va a
efectuar ese cobro. La asociación ve otro paso más del Gobierno por desmantelar
el sistema sanitario español gratuito, público y universal.
Asimismo, critica que se continúe
mermando un servicio público como es la sanidad y que se siga atacando a los
enfermos y sus familias, que ven sus niveles económicos más reducidos y con
tratamientos necesarios para vivir ahora más caros.
FACUA recuerda que los argumentos
con los que el Ministerio de Sanidad justificaba en anteriores ocasiones el
copago eran la penalización para evitar despilfarros en los tratamientos. Sin
embargo, la asociación señala que tanto en este tipo de enfermos graves como en
el resto, esta justificación no tiene sentido debido a que es el facultativo
quien receta los medicamentos que considera necesarios para el enfermo. Por
tanto, la asociación señala que es el derecho a la salud lo que se está
cuestionando y los propios principios de un sistema sanitario que debe ser
equitativo y solidario, así como universal y gratuito.
Más gastos y menos renta
La asociación estima que este
nuevo copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes no
hospitalizados se agrava si se tiene en cuenta el nivel de renta en el caso de
los pensionistas, que ingresan unos 858,1 euros mensuales de media.
FACUA denuncia la barrera de
acceso a los medicamentos que supone para muchos pensionistas el aumento del
coste de sus fármacos, que ante rentas cada vez más bajas pueden dejar en un
segundo plano sus tratamientos pese a que resulten esenciales para su salud.
(Remitido)