El Gobierno lo aprueba hoy. También incluye la prisión permanente
revisable para actos terroristas
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| (Ministro de Justicia) |
El Consejo de Ministros
aprobará, previsiblemente, este viernes la reforma del Código Penal que
endurece los tipos para delitos relacionados con la corrupción e incluye, entre
sus principales novedades, la prisión permanente revisable para terroristas y
casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. Fue
en octubre del pasado año cuando el titular de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, llevó para su deliberación ante la mesa del Consejo un
anteproyecto de ley que suponía una modificación íntegra del Código Penal de
1995. Ahora, presentará un proyecto de ley definitivo para su remisión a las
Cortes Generales. La propuesta de Gallardón
incluye cambios de calado como es la introducción de la prisión permanente
revisable, una pena cuya constitucionalidad fue avalada recientemente por el
Consejo de Estado al entender que no renuncia a la posible reinserción del reo.
Esta pena se reserva a casos
de excepcional gravedad como son asesinatos de menores de 16 años o de personas
especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a un delito contra la
libertad sexual, aquellos cometidos en el seno de una organización criminal y
los asesinatos en serie. La prisión permanente revisable, que se impone también
en caso de homicidio del Rey o su heredero, jefes de Estado extranjeros y en
los supuestos más graves de genocidio o crímenes de lesa humanidad, está sujeta
a un régimen de revisión. Tras el cumplimiento íntegro de una parte
"relevante" de la condena según el delito cometido, el preso podrá
obtener la libertad condicional si se acredita su reinserción.
Justicia rectificó su idea
inicial de incorporar la denominada custodia de seguridad, una medida de
seguridad que podía alargarse hasta un máximo de diez años cuando el condenado
hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorase que seguía siendo
peligroso. Finalmente, esta propuesta no fue recogida en el texto remitido al
Consejo de Estado.
Lucha contra la piratería y la corrupción
El Ejecutivo también ha puesto
el acento en la lucha contra la piratería. De este modo, se condena con hasta
seis años de cárcel a quien incluya en su página web listados de enlaces a
contenidos que son objeto de propiedad intelectual. El juez podrá ordenar su
retirada e incluso el bloqueo del portal, según el borrador enviado el Consejo
de Estado.
El nuevo Código Penal incluye
también medidas más eficaces en la lucha contra la corrupción. Aunque no
tipifica la financiación ilegal de los partidos, sí delimita de forma más clara
tipos como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras
de su mayor aplicación. Por ejemplo, sanciona la aceptación de un soborno sin
necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario y castiga
esconder bienes durante un embargo u ocultar a los acreedores la situación de
crisis del deudor.
El proyecto eleva también la
edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años para adecuarse a
las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y las
recomendaciones de la ONU. España tenía una edad "muy inferior" a la
del resto de países europeos, donde ronda los 15 o 16 años, y una de las edades
"más bajas del mundo".
Difusión de grabaciones
íntimas
Además de fijar una pena de
hasta tres años de cárcel para los matrimonios forzosos, tipifica nuevos
delitos como la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento o
la manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control telemático.
Sanciona también la producción
de materiales que inciten al odio o la violencia contra ciertas minorías y la
negación, apología o "trivilización grave" del genocidio, mientras
que se castiga con penas de entre 10 a 15 años de cárcel el secuestro con
desaparición del rehén, agravándose cuando la víctima sea un menor o
discapacitado. Finalmente, el redactado endurece un año las penas máximas para
los autores de incendios forestales especialmente graves, que alcanzan los seis
años de cárcel, fija un límite de 1.000 euros para los hurtos y despenaliza la
mayoría de las faltas aunque otras pasan a ser consideradas delitos leves.
(Europa Press/La Verdad.es)
