ESTÁN PRESIONANDO A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES ANTES DE
RECURRIR A LA VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
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| Foto: Nacho García/ AGM |
Si no todo, al menos una cuarta parte de la “extra de
Navidad. Esta es la predisposición mostrada por los funcionarios de la
Comunidad Autónoma murciana y las demás administraciones (local y estatal)
frente al Decreto-Ley gubernamental que pretende suprimir la extra navideña.
Han presentado un recurso que tiene la finalidad de salvar ese 25% y todo
apunta además a que las citadas reclamaciones se generalizarán en pocos días,
de forma que en breve plazo podrían alcanzar casi al 100% de los 80.000
empleados públicos que forman parte de las tres administraciones públicas. El
argumento jurídico en el que se basa esta reclamación del 25% de la paga extra
es el principio constitucional que establece que ninguna norma sancionadora, desfavorable
o restrictiva de derechos puede ser aplicada de manera retroactiva.
Como los derechos sobre la paga extra de Navidad -una de las
dos que venían cobrando anualmente- empiezan a generarse el 1 de junio, y dado
que el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, no entró en vigor hasta el 14
de julio, ello significa, según la interpretación legal hecha por el sindicato
CSIF, que los funcionarios ya habrían generado derechos a esa paga durante un
mes y medio, concretamente sobre la cuarta parte de los seis meses que
permitían cobrar íntegramente esa retribución.
Los derechos a percibir de la paga extraordinaria de
diciembre, generados entre los días 1 de junio y 14 de julio de 2012, son de obligado
cumplimiento por parte de la Administración y deben ser abonados, según las
reclamaciones que se están presentando en los servicios de nóminas de las tres
administraciones públicas.
El presidente de CSI-F en Murcia, sindicato que comenzó a
impulsar esta iniciativa, a la que ya se están sumando otras centrales sindicales,
está convencido de que las reclamaciones prosperarán, bien porque la
administración las asuma tras analizar los argumentos legales o en caso
contrario a través de la vía judicial aunque su presidente, Juan Miguel López,
considera absurdo recurrir a un recurso contencioso-administrativo porque cree
que la cuestión está bastante clara y lo normal es que los tribunales acaben
dándoles la razón. Añade que sería gratuito negarle ese derecho a los
funcionarios y aumentar de esa forma su malestar. Además, acudir a la vía
judicial significaría destinar más recursos públicos al proceso para, con mucha
seguridad, tener al final que acabar pagando ese 25% de la extra y con intereses.
Y no dejan de tener razón.
(REDACCION)
