LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES CREE QUE SE RECORTAN DERECHOS
A LOS INQUILINOS CON LAS NUEVAS NORMAS GUBERNAMENTALES
FACUA-Consumidores en Acción denuncia la desequilibrada reforma de la
legislación sobre alquileres, cuyo anteproyecto aprueba este viernes (24 de
agosto) el Consejo de Ministros, que minimiza los derechos de los inquilinos
para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras.
"Con la cortina de humo de la agilización de los desahucios a los
morosos, sin duda necesaria, el Gobierno también recorta derechos a los
usuarios en este sector impulsando que cualquier inquilino que asuma
escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la
calle", ha criticado en rueda de prensa el portavoz de FACUA, Rubén
Sánchez.
Además, el anteproyecto de la Ley de medidas de flexibilización y fomento
del mercado de viviendas, cuya denominación es "engañosa y
contradictoria", supone que "en lugar de fomentar los
arrendamientos, se potencia aún más la especulación inmobiliaria",
advierte Sánchez.
"El Gobierno pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el
empleo, facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus
obligaciones", plantea el portavoz de FACUA.
"Mientras, el Gobierno sigue sin imponer a Bankia, la primera
inmobiliaria del país, y el resto de bancos nacionalizados, que destinen su
parque de viviendas a la venta y alquiler a precios justos", añade.
Los contratos de hasta cinco años se reducen a tres y las prórrogas
de tres a uno
Los inquilinos ya no podrán tener la tranquilidad de que sus contratos de
alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como
establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.
Además, las prórrogas en estos contratos se verán reducidas de los tres años
fijados en dicha norma a nada más que uno.
Se trata, denuncia FACUA de nuevo recorte de derechos para los usuarios en
beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para
arrendar los inmuebles a un precio más alto.
Hasta ahora, los contratos fijaban una renta, actualizable conforme al
Índice de Precios al Consumo (IPC) durante los primeros cinco años. Con los
cambios que quiere introducir el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras el tercer año
el propietario podrá plantear que finaliza el contrato y quitarse de encima al
inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o
imponerle a aquél una renta muy superior.
Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la renta
cada año de vigencia del contrato, lo que podrá traer aún más perjuicios para
los inquilinos.
La reducción de las prórrogas a sólo un año frente a los tres vigentes en la
actualidad supondrán también una enorme inseguridad para los arrendatarios de
vivienda.
Así, tendrán durante doce meses la incertidumbre de si tendrán que buscar
otra vivienda en breve o el propietario les exigirá una gran subida para
permanecer en el inmueble. Y es que con la legislación vigente desde mediados
de los 90, las prórrogas de tres años también implicaban la actualización de
las rentas conforme al IPC.
(REMITIDO)
