LATBUS DENUNCIA “CHANTAJES” MIENTRAS CRECE EL MALESTAR EN
LOS USUARIOS

El Consistorio murciano sale así al paso de la noticia
publicada ayer los medios regionales sobre la posibilidad de que Latbus deje de
prestar servicio en 17 líneas a primeros de septiembre, un mes antes del fin de
la concesión, una opción que la compañía sigue contemplando y que cada día
cobra más fuerza, según el director adjunto de Latbus, Fulgencio Jiménez, quien
ha denunciado presiones e intentos de chantaje por parte de de responsables del
Ayuntamiento a los administradores concursales para que negaran esta
posibilidad.
La empresa está a la espera de que el Consistorio conteste
en breve si el Ayuntamiento acepta revisar sus bonificaciones a los jubilados,
pensionistas y familias numerosas con el fin de pagar la diferencia que no ha
querido cobrar el Consistorio al viajero, pero que tampoco ha pagado a la
empresa, o si pretende que se repercuta a los ciudadanos.
En este sentido, Iniesta afirma que ni aceptan una subida
unilateral de tarifas, ni tampoco van a variar la cuantía de las subvenciones a
Latbus, asegurando que no van a pagar ni un euro más por los bonos, ni hacerle
el caldo a Latbus, pero tampoco desean meterse en ningún campo de batalla
porque, según dice, respetan a los usuarios y quieren que tengan el mejor
servicio. La situación de la concesión urbana, expira el 30 de septiembre, y es
cuando Latbus tendrá que traspasar el servicio al grupo Martín, Ruiz y
Fernanbus, aseguran es «insostenible», según Jiménez, «y sobre todo inasumible por
una empresa que está en concurso de acreedores por culpa de la demora en los
pagos de las subvenciones consensuadas y porque, entre otras cuestiones, la
administración municipal no ha acometido las reformas necesarias y cumplido con
los acuerdos alcanzados con Latbus y con la administración concursal. Entre
ellos destaca, por ejemplo, el reconocimiento y pago del déficit generado por
la no subida de la tarifa urbana en los últimos años, que legalmente debe ser
superior al 15%, según Jiménez, y la obligada compensación a modo de subvención
que está pendiente desde 2011.
Los avisos de cese de la concesión urbana coinciden con la
aplicación de la tarifa real, sin subvención, en los billetes de pedanías -han
pasado de 1,35 euros a 2,15 euros por trayecto-, después de considerar
la empresa, con la venia de la administración concursal y el juzgado y sin
autorización de la Comunidad, que el convenio de simplificación tarifaria
(Unibono) no se está cumpliendo en cuanto a la financiación pactada. El
presidente del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, admitió días pasados
que ha habido incomprensiones del Ayuntamiento al respecto, pues la Comunidad
ha tenido que sufragar en solitario el convenio, después de que el Ayuntamiento
se descolgara y dejara de aportar 9 de los 12 millones.
(REDACCIÓN)