CON LOS PRESUPUESTOS DE 2012 AGOTADOS, ESPERA NUEVAS AYUDAS
OFICIALES PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LOS DEPENDIENTES
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) acumula
impagos de hasta seis meses de retraso en su Dirección General de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión con un total de
744 expedientes de murcianos que solicitaron en sus respectivos ayuntamientos
la llamada Renta Básica de Inserción Social (RBI). Esta solicitud la realizaron
en el mes de abril a través de las unidades de servicios sociales de los
consistorios, para que una vez fuese cumplimentada toda la documentación, los
expedientes se tramitaran a la Dirección General de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión, donde tienen la última palabra para la concesión de
estas ayudas. Sin embargo esto no ha sido así debido a que la asignación
presupuestaria de la RBI está agotada. Para 2012 tenía una asignación de 4
millones de euros, presupuesto igual que en 2011, pero el problema ha sido que
el número de demandantes en la Comunidad Autónoma ha aumentado en más de un
50%.
Ello ha provocado que en el último trimestre del año en
curso, la dirección general haya gastado el cien por cien de esta partida presupuestaria.
Hasta la fecha se han registrado 2.618 solicitudes, de las cuales, actualmente
existen 1.676 beneficiarios. El problema es que desde hace medio año aguardan
otros 744 expedientes, pendientes de resolver, que se corresponden con unos
1.750 beneficiarios potenciales que tras cumplimentar toda la documentación, y
ante la demora de la Administración regional, están empezando a llegar a
situaciones límite en su economía familiar.
Sobre todo porque los demandantes son personas que ya han
agotado el paro, los subsidios y el famoso Plan Prepara que enfrentó a PSOE y
PP. La Renta Básica de Inserción es el último colchón económico que perciben
colectivos en riesgo de exclusión social, principalmente inmigrantes con
situación regularizada, población de etnia gitana y desempleados de larga
duración. La falta de respuesta a los demandantes está provocando que éstos, en
ocasiones, carguen su desesperación contra los funcionarios de la Dirección
General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dependiente del IMAS.
El importe de la RBI oscila entre los 300 euros, para los beneficiarios sin
cargas familiares, hasta llegar a un importe máximo de 682 euros en función de
las cargas que tenga el demandante. De forma que éste percibirá 86 euros
adicionales, en caso de contar con una persona a su cargo; 56 euros por la
segunda y la tercera; así como 46 euros por las restantes. Esta renta también
contempla 100 euros para material escolar, por cada menor de la unidad
familiar. Esta última ayuda, pese a que el curso escolar ya ha comenzado,
tampoco ha sido entregada a los demandantes porque sus expedientes siguen sin
resolverse.
Por su parte el director general de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión, Juan Castaño, ha explicado que «los expedientes siguen
sin resolverse porque el gasto comprometido para 2012 ya está cubierto y no hay
disposición económica para hacer frente a nuevos solicitantes». No obstante,
Castaño aclara que «se ha solicitado una transferencia de remanente de crédito
para poder atenderlos». La cifra ascendería a 1,5 millones de euros porque,
según los cálculos de la dirección general, de los 744 expedientes atrasados,
solo unos 500 se resolverán a favor de los solicitantes. Juan Castaño subraya
que una vez se disponga de liquidez, «cobrarán las mensualidades atrasadas de
una atacada» y la ayuda escolar llegará para el curso 2013-2014. Sobre los
plazos para hacer efectivas estas ayudas, Castaño reconoce que «el cobro está
asegurado pero depende del crédito. Lo que está claro es que quiero que sea lo
antes posible». Un deseo que también comparten los solicitantes de esta renta
salvavidas.
(REDACCIÓN Y AGENCIAS)
