La juez ve indicios suficientes para imputarle por prevaricación
El consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, está a punto de convertirse en el primer miembro en
activo del Gobierno regional de Murcia que tiene que comparecer ante la
justicia en calidad de imputado. A tan delicada tesitura ya tuvo que
enfrentarse Francisco Marqués, exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en
diferentes gobiernos de Valcárcel, con la diferencia de que cuando se las vio
por vez primera ante un juez, en 2009 -estuvo detenido y sigue imputado por el
'caso Zerrichera'-, llevaba meses fuera de la vida pública. La iniciativa legal
contra Antonio Cerdá procede de la titular del Juzgado de Instrucción número 2
de Murcia, Miriam Marín García, que acaba de remitir una exposición razonada al
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que resume los supuestos
indicios de prevaricación existentes contra el consejero.
Unos datos incriminatorios que surgen de la
investigación abierta en 2007 por delitos de prevaricación, falsedad documental
y tráfico de influencias, en torno a unas actuaciones de la Comunidad Autónoma,
presuntamente irregulares, que habrían favorecido a la promotora Hansa Urbana en
su intento de construir unas 3.000 viviendas, dos hoteles de lujo y dos campos
de golf a orillas del Mar Menor.
'Novo Carthago', que es el nombre
del que en ese momento constituía el mayor complejo residencial proyectado en
la Región, se iba a levantar sobre una superficie de unas 580 hectáreas, adquiridas en la
diputación cartagenera de El Beal, junto al monasterio de San Ginés de la Jara.
Lo que este juzgado investiga, en
concreto, son las razones por las que desde la Consejería de Agricultura se
modificó en 2003 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar
Menor, con lo que se permitía que Hansa Urbana pudiera construir uno de los
campos de golf y otros equipamientos deportivos y recreativos en el interior de
una zona protegida: el saladar de Lo Poyo. Con ese cambio normativo, 'Novo
Carthago' lograba liberar gran cantidad de terreno en el núcleo del complejo
destinado a acoger las viviendas y los hoteles.
Hasta este momento, los dos
únicos imputados en este caso son Carlos Brugarolas, el ex director general de
Medio Natural -departamento que en esa época estaba adscrito a la Consejería de
Agricultura-, y María Antonia Fernández Cano, exasesora de Antonio Cerdá, que
fueron quienes asumieron el peso de la modificación del PORN del Mar Menor.
Aunque en sus respectivas
declaraciones ambos trataron de dejar a Antonio Cerdá al margen de
responsabilidad, el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó hace
meses un informe en el juzgado en el que establecía, de manera muy detallada,
todos los indicios que apuntaban a Cerdá como impulsor de una presunta
modificación legal 'a la carta'; un cambio con el que se habría buscado adaptar
la norma a las necesidades específicas de la promotora.
Ahora, después de un
prolongadísimo periodo de estudio -en torno a nueve meses, según fuentes
próximas al proceso-, la juez Miriam Marín se ha decidido por fin a enviar el
asunto al TSJ de Murcia, al objeto de que estudie si Antonio Cerdá debe ser o
no imputado. Es la Sala de lo Civil y de lo Penal la única que puede adoptar
una decisión al respecto, toda vez que Cerdá, por su condición de consejero,
disfruta de un fuero especial que impide que sea encausado por un juzgado de
Instrucción.
Los técnicos se negaron
Fuentes próximas al proceso, que
han confirmado a 'La Verdad' la remisión del asunto al TSJ, indican que en las
diligencias figuran las declaraciones de un buen número de técnicos y altos
funcionarios de Medio Ambiente, que en 2003 habrían resistido supuestas
presiones para que justificaran, a través de sus informes, la modificación del
PORN. Ante la supuesta resistencia de estos empleados públicos a ceder a tales
requerimientos, desde la Consejería se habría recurrido a una licenciada en
Derecho, la asesora María Antonia Fernández, para redactar el borrador con el
que se inició el proceso de cambio normativo.
Pese a que por su condición de
trabajadora eventual no debería haber intervenido supuestamente en el
expediente, el texto de Fernández fue enviado a Carlos Brugarolas, que designó
a los encargados de plasmar las modificaciones. También en este extremo se
habría incurrido en una irregularidad, ya que se hizo al margen del Servicio de
Protección y Conservación de la Naturaleza, que era el competente, según las
mismas fuentes, y que de hecho fue el que siempre intervino en los cambios de
otros planes de ordenación.
La Sala de lo Civil y de lo Penal
deberá estudiar ahora si del escrito de la juez se deducen indicios suficientes
de delito como para imputar a Antonio Cerdá o, al contrario, si no existe base
suficiente y la investigación debe continuar en el juzgado, dejando al margen
al alto cargo del Ejecutivo Valcárcel. La decisión podría adoptarse en pocos
días.
(R. Fernández-diario La Verdad)
