Valcárcel estudia
rescindir el contrato de concesión a Sacyr y a sus socios
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| (Imagen: Martínez Bueso) |
El Gobierno regional ya
dispone del último informe que necesitaba para rescindir el contrato a la
sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera. Los miembros del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia terminaron ayer su dictamen, en el que
respaldan la postura de la Comunidad Autónoma y consideran que el consorcio
empresarial encabezado por Sacyr ha incumplido el contrato para la puesta en
marcha de las instalaciones aeroportuarias, según ha podido saber 'La Verdad'
de fuentes de la Administración regional. La decisión se ha tomado por
unanimidad de todos sus miembros, varios de los cuales fueron designados a
propuesta del PP y del PSOE. El aeropuerto terminó las obras hace año y medio,
pero se ha convertido en un proyecto fallido que volverá a ser licitado por la
Comunidad para procurar que esté operativo el próximo verano. El organismo
jurídico sostiene que la concesionaria ha renunciado de forma unilateral a
poner en marcha el aeropuerto. Asimismo, propone iniciar un expediente para
resarcir a la Comunidad Autónoma, a la vez que incautar la garantía de 7
millones de euros que pusieron los empresarios.
El dictamen del Consejo era
preceptivo y, sin medias tintas, da la razón al Ejecutivo de Ramón Luis
Valcárcel en los puntos planteados para la resolución del contrato. En un largo
informe de 50 páginas analiza el expediente que abrió la Consejería de Obras
Públicas y las alegaciones que formuló la concesionaria para considerar que la
Comunidad Autónoma es la parte perjudicada por el incumplimiento del acuerdo.
En este sentido, la ley establece que podría abrirse un procedimiento
específico para reclamar daños y perjuicios a Sacyr y sus socios.
Asimismo, el Consejo rechaza
la argumentación de la concesionaria de que se produjeron cambios en la
legislación aeroportuaria española que encarecieron el proyecto y que le
empujaron a contraer obligaciones que no estaban en el contrato inicial. El informe
subraya que tales cambios no eran impedimento para poner en marcha el
aeropuerto.
Un caballo de batalla
El Consejo Jurídico considera
asimismo que la concesionaria no tiene razón cuando reclama el reequilibrio
económico financiero del contrato aduciendo que se enfrenta a un escenario de
pérdidas en los primeros años de explotación debido a la crisis económica y el
descenso del número de pasajeros, ya que el tráfico que espera captar en estos
momentos dista mucho de los 3 millones de pasajeros anuales que esperaba
movilizar cuando se firmó el contrato en el 2007 con un periodo de explotación
de 40 años. El Consejo puntualiza, no obstante, que el reequilibrio financiero
no es objeto del dictamen porque lleva otro curso: fue solicitado por el grupo
empresarial, la Consejería de Obras Públicas lo rechazó en dos ocasiones y
ahora está pendiente de un recurso contencioso administrativo en el TSJ.
Dicho reequilibrio ha sido el
principal caballo de batalla entre la concesionaria y la Comunidad Autónoma y
está en el origen de la no apertura del aeropuerto en julio del año pasado por
parte de Sacyr, que solicitó un cambio de las condiciones económicas mediante
una serie de ayudas que el Gobierno regional se negó a conceder antes de que se
pusieran en servicio las instalaciones. Asimismo, la concesionaria solicitó una
prórroga para la apertura y el cierre del aeropuerto de San Javier por parte de
AENA. Sacyr adujo que los bancos habían puesto estas condiciones para levantar
el bloqueo de los 16 millones de euros necesarios para abrir el aeropuerto.
El último trámite
Este dictamen, que se
considera el más relevante en el curso del expediente para la rescisión del
contrato, es el último trámite jurídico y va en la misma línea que otros
informes anteriores elaborados por los servicios jurídicos de la Consejería de
Obras Públicas y de la Comunidad Autónoma el pasado mes de julio. El Consejo
está presidido por Mariano García Canales e integrado por Manuel Martínez
Ripoll, Luis Alberto Gálvez Muñoz, José Antonio Cobacho Gómez, Antonio Gómez
Fayrén y Manuel María Contreras Ortiz.
Miembros del Consejo han
dedicado agosto a esta tarea y el siguiente paso será el acuerdo que tome el
Consejo de Gobierno para rescindir definitivamente el contrato, lo cual se
producirá en las próximas semanas, ya que el presidente Ramón Luis Valcárcel y
el consejero Antonio Sevilla quieren adjudicar el nuevo contrato antes de fin
de año para intentar que el aeropuerto abra en 2014. Más de 250 millones de
euros se han destinado a la construcción, de los que el consorcio ha puesto 50,
los cuales piensa reclamar por la vía judicial si finalmente pierde el
contrato. Sacyr tiene un 60,7% de las acciones, y el resto se distribuye entre
los bancos BMN y SabadellCAM, Inprisma, Infucapital, Cementos la Cruz y Montoro
e Hijos. Los socios locales han realizado varios intentos en los últimos meses
para intentar que Sacyr y la Comunidad llegaran a un acuerdo que evite la
resolución del contrato. En sus alegaciones, Sacyr se considera la perjudicada
y responsabiliza al Gobierno regional del fiasco del aeropuerto, a la vez que
se ha topado con la negativa de AENA a cerrar las instalaciones de San Javier.
Al principios de agosto, el
presidente Valcárcel y el consejero Sevilla obtuvieron el compromiso del
Ministerio de Fomento de que AENA clausurará la actividad comercial en San
Javier, para lo cual se está realizando un estudio financiero con el que
satisfacer la reclamación patrimonial de AENA por las inversiones realizadas en
los últimos años y que valora en 70 millones de euros. La Comunidad quiere
sacar el nuevo concurso público con la garantía de que cerrará San Javier, ya
que de lo contrario apenas habría empresas interesadas en pujar por la
explotación de Corvera.
(Publicado por: M. Buitrago en
La Verdad.es)
