LOS REPRESENTANTES DE AMBAS INSTITUCIONES SE ACUSAN
VELADAMENTE DE LOS PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO Y
DEL “TARIFAZO”
El transporte público murciano se ha convertido en un
extraño contencioso entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia.
Las exigencias de recortes no han disimulado las dificultades para asumir con
ayudas públicas la financiación de este servicio básico. En el municipio de
Murcia, donde se concentra el mayor movimiento de viajeros de la Región, se da
la paradoja de que las competencias están repartidas, de modo que el
Ayuntamiento tiene potestad sobre las líneas urbanas (ciudad) y la Comunidad
sobre las interurbanas (pedanías). Cada administración decide tarifas y define
las rutas y sus frecuencias y, en su caso, las ayudas para fomentar su uso. Un
mismo operador, Latbus, tiene adjudicadas las dos concesiones: la urbana, que
expira el próximo 30 de septiembre, y la de pedanías, que será en 2024.
Por eso el alcalde de Murcia, en su primera comparecencia
una semana después del “tarifazo” de Latbus en las líneas de pedanías, no quiso
verse involucrado en el conflicto porque, según el alcalde de la capital, está
fuera de la legalidad la alteración de precios al no contar con la autorización
administrativa, y porque este asunto no es de competencia municipal, pues
afecta a las líneas de pedanías, ignorando que los usuarios son habitantes del
municipio que gobierna.
Cámara dice tener claro que el conflicto con Latbus es un
asunto entre una empresa concesionaria y su concesionario, o dicho de otro
modo, entre Latbus y la Comunidad
Autónoma y sus declaraciones dan a entender que en este contencioso el
Consistorio quiere asumir el papel de figurante y no el de protagonista. El
Alcalde también eludió opinar sobre la versión de los hechos que ha
ofrecido el presidente Ramón Luis
Valcárcel, quien vino a decir que la decisión unilateral de Latbus de aplicar
sin subvención las tarifas de pedanías y dejar en suspenso el convenio de
simplificación (Unibono) estaba motivada, en buena medida, porque el Ayuntamiento se había inhibido en
el pago de las ayudas.
En una reciente intervención Cámara guardó silencio ante lo
dicho por Valcárcel, dando a entender que la solución al conflicto actual de
Latbus -la subida de tarifas y la suspensión de los bonos- no depende de su
administración, y aseguró que el Consistorio no debe nada a Latbus y señaló que
la concesión municipal de Latbus no recogía ninguna subvención a la compañía.
«Lo que sí ha hecho y está haciendo el Ayuntamiento, según sus palabras, es
defender los derechos de los usuarios en algo que no está sujeto a la
legalidad, como son las medidas unilaterales de alteración de las tarifas que
en estos momentos, en algunas líneas que no son de competencia municipal, se
están produciendo. Aquí, llegados a este punto, podríamos decir aquello de “los unos por los otros, la casa sin barrer” y mientras tanto crece el malestar entre los
usuarios del transporte público que absorbe muchos más pasajeros que el tranvía
por el que el señor Cámara siente tanta predilección aunque los porcentajes de
usuarios sean sensiblemente inferiores.
(REDACCIÓN Y AGENCIAS)
